La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión tomada por la seccional Sucre, al encontrar que el profesional incurrió en faltas contra el respeto debido a la administración de justicia.

Todo comenzó cuando el juez negó una solicitud de embargo y secuestro presentada por el abogado. En respuesta, el profesional redactó varios escritos en los que lo acusó de ser mentiroso, embustero, y de ejercer lo que llamó un “matoneo jurídico” para entorpecerle el proceso, generándole supuestos perjuicios materiales y morales. En otro documento, con ocasión de una solicitud de vigilancia administrativa, el abogado fue más allá, refiriéndose al juez como un “adefesio jurídico” y un “monstruo jurídico” que, según él, actuó de forma vil y descarada.

La conducta fue puesta en conocimiento por el mismo juez, quien envió un informe detallando el lenguaje ofensivo que atentaba contra su dignidad como servidor público. Durante la investigación, el abogado aseguró que siempre ha sido respetuoso, pero que, ante arbitrariedades, sentía la obligación de alzar su voz para defender los derechos de sus clientes.

Sin embargo, la Comisión le recordó que el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 obliga a los abogados a actuar con mesura, respeto y seriedad en sus relaciones con servidores judiciales, colegas y partes del proceso. Además, el artículo 32 de la misma ley tipifica como falta disciplinaria injuriar o acusar temerariamente a servidores públicos, incluso si existen motivos legítimos de inconformidad. Para ello, deben utilizarse los canales formales y no el irrespeto.

La seccional Sucre lo encontró responsable disciplinariamente, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción de un salario mínimo legal mensual vigente, en modalidad dolosa. El alto tribunal dejó claro que este tipo de investigaciones no buscan resolver los reclamos del abogado frente a la conducta del juez, sino analizar si el comportamiento del profesional fue compatible con los deberes éticos y jurídicos que impone la ley. Y aunque es válido manifestar inconformidades, nunca es justificable utilizar insultos o lenguaje desobligante contra los funcionarios judiciales.